Los accidentes laborales en el Perú
En el Perú, los accidentes de trabajo representan una problemática persistente en la agenda de salud pública y seguridad ocupacional. Aunque existe una normativa clara en torno a la prevención de riesgos laborales, los datos oficiales demuestran que su aplicación efectiva aún presenta serias deficiencias. La Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece principios rectores para proteger la integridad física y mental de los trabajadores, sin embargo, su implementación varía considerablemente entre sectores económicos y regiones del país.
Durante el año 2023, se reportaron más de 28,000 accidentes de trabajo a nivel nacional, de los cuales un 85% correspondió a accidentes leves, mientras que los casos mortales alcanzaron los 167, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2024). Si bien estas cifras podrían parecer moderadas en comparación con otros países de la región, existe un subregistro importante, sobre todo en sectores informales donde los trabajadores no cuentan con cobertura legal ni seguros contra accidentes.
El problema se agudiza en regiones con alta concentración de actividades industriales, como Lima, Arequipa, La Libertad y Piura, donde la combinación de alta demanda laboral, presión productiva y deficiente fiscalización crea un caldo de cultivo para la ocurrencia de eventos traumáticos en el entorno laboral. En el caso específico del sector construcción, por ejemplo, se ha identificado una de las tasas más elevadas de incidencia de accidentes, debido a factores como la falta de capacitación, uso inadecuado de equipos de protección y jornadas prolongadas bajo condiciones climáticas adversas.
A esta realidad se suma una limitada cultura de prevención tanto en empleadores como en trabajadores. En muchos casos, los programas de seguridad son vistos como requisitos formales y no como herramientas esenciales para garantizar el bienestar del recurso humano. Esto se refleja en la baja inversión en capacitación continua y en la escasa presencia de comités de seguridad que funcionen de forma efectiva dentro de las organizaciones (Ledesma & Flores, 2022).
Frente a este panorama, es necesario analizar no solo las estadísticas, sino también las dinámicas estructurales que perpetúan la vulnerabilidad del trabajador peruano en su entorno laboral. Esto implica reconocer que los accidentes de trabajo no son simplemente eventos fortuitos, sino el resultado de una cadena de fallas organizacionales, regulatorias y culturales que requieren intervención multidisciplinaria.
Principales causas de los accidentes laborales y análisis por sectores
Los accidentes de trabajo en el Perú no responden a un único factor, sino a una combinación de elementos que interactúan en los distintos entornos productivos. Entre las causas más frecuentes se encuentran las condiciones inseguras en el lugar de trabajo, la falta de capacitación adecuada, el uso incorrecto de equipos, y la presión por productividad, que lleva a omitir protocolos de seguridad en busca de mayor rendimiento operativo.
Uno de los factores más críticos es la falta de formación técnica en prevención de riesgos laborales. De acuerdo con un informe del Ministerio de Trabajo, solo el 42% de las empresas formales cumple con brindar capacitación en seguridad al personal recién contratado (MTPE, 2024). En los sectores informales, esta cifra es virtualmente nula, lo que incrementa exponencialmente la probabilidad de eventos adversos.
El análisis por sectores revela diferencias significativas en la incidencia de accidentes:
1. Construcción
Es el sector con mayor índice de accidentes graves y fatales. El trabajo en altura, la manipulación de herramientas eléctricas y la exposición a riesgos estructurales convierten a esta actividad en una de las más peligrosas. A pesar de contar con normativas específicas, como el Reglamento de Seguridad y Salud en Construcción (D.S. N.º 011-2019-TR), muchas empresas no aplican adecuadamente los estándares mínimos.
2. Industria manufacturera
En fábricas y plantas de producción, los accidentes están relacionados principalmente con maquinaria sin mantenimiento, ausencia de señalización, y rutinas repetitivas que conducen a la fatiga laboral. El Ministerio de Salud ha reportado un aumento en los casos de lesiones osteomusculares vinculadas al sobreesfuerzo físico, especialmente en trabajadores de cadenas de ensamblaje (MINSA, 2023).
3. Transporte y logística
La presión por cumplir con tiempos de entrega, sumada a largas jornadas y condiciones viales deficientes, ha provocado un aumento constante de accidentes viales laborales. En zonas como la sierra y la selva, donde las rutas son más riesgosas, el índice de siniestros laborales en transporte es significativamente mayor (Gonzales & Quispe, 2021).
4. Agricultura
Aunque muchas veces invisibilizado, el sector agropecuario también presenta un alto número de accidentes, especialmente por exposición a químicos sin protección, uso de herramientas manuales peligrosas y contacto con animales. La informalidad en el agro —que supera el 85% según el INEI (2024)— contribuye a que estas cifras estén subregistradas y sin seguimiento estatal.
El denominador común en todos estos sectores es la débil cultura de prevención, asociada a una visión utilitaria del trabajador, visto como un recurso fácilmente reemplazable en lugar de un capital humano que merece protección. Esta mentalidad ha sido señalada como un obstáculo estructural para reducir la siniestralidad laboral en el país (Ramírez, 2022).
Marco legal, fiscalización y políticas públicas sobre seguridad laboral en el Perú
El Perú cuenta con un marco normativo moderno y relativamente robusto en materia de seguridad y salud en el trabajo. La Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgada en 2011 y modificada posteriormente por la Ley N.º 30222, establece obligaciones claras para empleadores y derechos irrenunciables para los trabajadores. Esta ley reconoce el enfoque preventivo como eje principal y obliga a las empresas a implementar sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional adaptados a su realidad productiva.
Sin embargo, el principal desafío no radica en la norma escrita, sino en su implementación efectiva y sostenida. A pesar de la existencia de lineamientos técnicos, reglamentos sectoriales y protocolos específicos, muchas empresas —especialmente pequeñas y medianas— no cuentan con la capacidad técnica ni financiera para cumplir con todos los requerimientos. Según datos del Ministerio de Trabajo, solo el 36% de las empresas inscritas en el Registro de Entidades Empleadoras ha implementado un sistema integral de gestión en seguridad y salud laboral (MTPE, 2024).
En cuanto a la fiscalización, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es el organismo responsable de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral en esta materia. No obstante, SUNAFIL enfrenta serias limitaciones en su cobertura territorial y número de inspectores. A 2023, se reportaron apenas 750 inspectores activos a nivel nacional, lo que resulta claramente insuficiente frente a los más de 2 millones de unidades económicas formales registradas, sin contar al sector informal (SUNAFIL, 2023).
La consecuencia de esta debilidad institucional es una fiscalización reactiva, centrada más en denuncias que en acciones preventivas o de acompañamiento técnico. En regiones con alta actividad económica pero baja presencia estatal, como Madre de Dios o algunas zonas de Piura, la supervisión de condiciones laborales es casi inexistente. Este vacío ha sido identificado por organismos internacionales como un factor que perpetúa la exposición a riesgos graves (OIT, 2023).
En los últimos años, el Estado ha intentado articular esfuerzos a través del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2025, el cual propone metas específicas como la reducción de accidentes mortales y la formalización de los sistemas de gestión en las empresas medianas. Sin embargo, la implementación ha sido desigual, y no se han logrado aún mecanismos efectivos de evaluación de impacto ni sanción oportuna ante incumplimientos graves.
Finalmente, cabe señalar que la participación sindical en la vigilancia del cumplimiento de normas de seguridad sigue siendo limitada. Muchos comités de seguridad en las empresas funcionan solo de forma nominal o carecen de poder real de decisión. Esto representa una pérdida de oportunidad para fortalecer una fiscalización participativa y descentralizada desde dentro del entorno laboral (Espinoza & Huamán, 2021).
Propuestas de mejora y reflexión final
Frente a la persistente problemática de los accidentes de trabajo en el Perú, resulta imperativo pasar del diagnóstico a la acción. Las cifras oficiales y los estudios sectoriales evidencian que la legislación, si bien adecuada en el papel, aún no logra traducirse en una reducción significativa de la siniestralidad laboral. Por ello, es necesario implementar estrategias articuladas, sostenibles y culturalmente adaptadas, que respondan a la diversidad productiva y territorial del país.
Una de las primeras líneas de acción debe ser el fortalecimiento del sistema de fiscalización, no solo aumentando el número de inspectores laborales, sino también mejorando su capacitación en seguridad ocupacional y dotándolos de herramientas tecnológicas que permitan un seguimiento más eficaz. Es fundamental que SUNAFIL transite hacia una fiscalización más preventiva, acompañando a las empresas en la identificación de riesgos y en la implementación de sistemas de gestión, en lugar de actuar únicamente ante denuncias o eventos ya ocurridos (SUNAFIL, 2023).
Asimismo, urge impulsar una cultura preventiva real en todos los niveles. Para ello, se propone integrar contenidos de seguridad y salud laboral en la formación técnica y profesional, así como desarrollar campañas nacionales de sensibilización adaptadas a cada sector productivo. Las capacitaciones deben ser constantes, prácticas y con enfoque intercultural, sobre todo en zonas rurales donde existen barreras lingüísticas y educativas. Esta visión preventiva debe ser asumida por el Estado, los empleadores y también los propios trabajadores, reconociendo que su salud es un derecho y no un privilegio (OIT, 2023).
Otro aspecto clave es la formalización progresiva del trabajo, especialmente en sectores como agricultura, construcción y comercio informal, donde el acceso a derechos laborales es prácticamente inexistente. El Estado debe generar incentivos reales para la formalización, incluyendo esquemas tributarios diferenciados, asesoramiento gratuito en seguridad ocupacional y acceso a seguros sociales. Solo así se podrá proteger a la mayoría de trabajadores que hoy laboran al margen de cualquier cobertura legal (MTPE, 2024).
A nivel de empresa, es necesario promover la creación de comités de seguridad funcionales, con participación activa de los trabajadores. Estos espacios deben contar con respaldo institucional y autonomía suficiente para proponer medidas correctivas. En paralelo, los empleadores deben comprender que invertir en seguridad no solo evita sanciones o pasivos legales, sino que mejora la productividad, reduce el ausentismo y fortalece el clima organizacional (Ledesma & Flores, 2022).
Finalmente, desde una perspectiva ética y profesional, los accidentes laborales no deben ser asumidos como costos inevitables de la actividad económica. Cada siniestro implica un daño humano, muchas veces irreversible, que afecta no solo a la persona involucrada, sino a su familia, comunidad y entorno laboral. El Perú necesita avanzar hacia un modelo de desarrollo que coloque la vida y la dignidad del trabajador en el centro de sus decisiones productivas. Esa es la base de un verdadero progreso.
Mag. Blgo. Martín Miguel Arévalo Mogollón
Referencias
- Espinoza, M. & Huamán, A. (2021). Comités de seguridad y salud en el trabajo: situación y desafíos. Lima: Revista Laboral Peruana.
- Gutiérrez, J. & León, F. (2023). Condiciones laborales en el agro peruano: riesgos invisibilizados. Observatorio del Trabajo Rural.
- Ledesma, R. & Flores, H. (2022). Gestión de la seguridad laboral en empresas peruanas: análisis de barreras y oportunidades. Revista de Gestión Empresarial.
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE. (2024). Reporte anual de estadísticas laborales y seguridad en el trabajo.
- Organización Internacional del Trabajo – OIT. (2023). Panorama laboral en América Latina y el Caribe.
- SUNAFIL. (2023). Informe nacional de fiscalización laboral.
